El proceso que se viene en la PUCP tras decisión del Vaticano

El camino que viene para ejecutar el decreto de la Santa Sede que prohíbe usar a la PUCP los títulos de pontificia y católica es todo un proceso y será la Nunciatura Apostólica la que lo lleve adelante.

Pontificia Universidad Católica del Perú

“La universidad podrá seguir funcionando y puede seguir emitiendo títulos, pero con un nombre diferente”, sostuvo el especialista en Derecho Canónico Gonzalo Flores.

El juez del Tribunal Eclesiástico y doctor en Derecho Canónico, Luis Gaspar, explicó que primero debe comunicarse esta decisión del Vaticano a diversas instituciones como la Asamblea Nacional de Rectores (ANR). En el caso de que la prohibición del uso del nombre no se acate, pasará al fuero civil y a los tribunales eclesiásticos. “Los alumnos de este año no tendrán el título con el nombre de la PUCP”, dijo.

El especialista en Derecho Canónico Gonzalo Flores sostuvo que la nunciatura tendrá que pedir a la ANR que deje de certificar los títulos con el nombre de pontificia y católica. “La universidad podrá seguir funcionando y puede seguir emitiendo títulos, pero con un nombre diferente”, agregó.

Según él, la ANR debe cumplir con la exigencia de la Santa Sede puesto que a esta la amparan tratados internacionales que protegen el uso de la denominación católica y pontificia.

Señaló que la ANR solo podrá seguir certificando títulos con la denominación actual PUCP si el Poder Judicial autorizara una medida cautelar a favor de la universidad o resolviera, luego de un proceso, que el nombre le pertenece.

PROCESO POR LOS BIENES
A esto se sumaría un proceso, más largo, por los bienes materiales de la universidad, ya que la Santa Sede al quitarle las nominaciones de pontificia y católica no ha abandonado la propiedad de la universidad.

Hasta el momento la ANR continúa en silencio y el Ministerio de Relaciones Exteriores tampoco se ha pronunciado, pese a que sería el encargado de velar por el cumplimiento del acuerdo entre el Perú y el Vaticano de 1980.

Fuente: El Comercio






Sección: Política