Las negociaciones entre Telefónica y el Estado ya entraron a su etapa final y solo faltarían algunas semanas –y no meses– para culminarlas. Así lo aseguró ayer el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes Rodríguez, durante su esperada presentación ante la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República.
El ministro Paredes se presentó ante congresistas para explicar las razones legales para renegociar el contrato.
“En las próximas semanas, una más, una menos, estarán definidos todos los términos y condiciones. Si no los acepta el operador, iremos a una subasta internacional. Nos estamos reuniendo todas las semanas y, como en toda negociación, hay momentos muy tensos o duros y otros con mayor fluidez. Pero en general esperamos llegar a buen término. Por lo pronto hay una predisposición favorable por parte de Telefónica en las mesas de trabajo”, detalló.
Su objetivo, agregó, será lograr que se mejoren las condiciones de prestación del servicio –atendiendo a indicadores de calidad concretos– y que se establezca una mayor cobertura con planes tarifarios asequibles para las poblaciones de menores recursos. En relación a los montos de inversión que se exigirá al operador, prefirió no dar detalles pero aceptó que no pedirán el monto sugerido por el Osiptel (US$800 millones), sino que se manejarán otras cifras de menor cuantía que han sido fijadas por consultores especializados a los que les han encargado variados estudios.
Al respecto, Carlos Huamán, director de DN Consultores, señaló que “sea o no el monto sugerido por Osiptel, sería perjudicial para el mercado que ese monto exigido a Telefónica tenga la forma de compromiso de inversión”. En su opinión, “lo más conveniente para los usuarios es que vaya al Fitel, tal como lo permite la ley 29904, publicada hace dos meses, pues si los fondos van a Fitel podrán ser utilizados para el diseño de otros proyectos que permitan expandir la cobertura a los más necesitados”.
SUSTENTO LEGAL
Durante la presentación de Paredes en el Congreso, los ánimos estuvieron caldeados y hubo más de un enfrentamiento verbal de alto voltaje entre los congresistas que no respaldaban lo expuesto por el MTC y el partido de gobierno.
La disputa se centró en la viabilidad o no de negociar una renovación de la concesión. Yonhy Lescano, con su habitual apasionamiento, afirmó que el contrato que firmó Telefónica a su ingreso al país no especificaba la necesidad de una renovación del servicio y que, por tanto, es ilegal plantear la renegociación. Asimismo, señaló que el servicio actual –voz, datos y video– no es el mismo que se concedió el siglo pasado (solo voz) y, por ello, debería darse una nueva licitación en la que podría volver a participar Telefónica.
Esta vez, Jaime Delgado, del Partido Nacionalista, rebatió a Lescano y respaldó a Paredes al asegurar que la negociación sí es legal, porque en el citado contrato inicial se manda respetar la ley actual, la cual fue perfeccionada en el 2010 y ordena renovar la licencia con nuevos términos y condiciones. “Nos guste o no, tenemos que cumplir las normas y defender el Estado de derecho. A mí me hubiera encantado decirle no a Telefónica, pero la solicitud de renovación ya había sido iniciada con el gobierno anterior y nosotros debemos respetar la ley y continuar el trámite”, recalcó Delgado, luego de rechazar a quienes lo acusaban de haber dejado de ser el autoproclamado defensor del consumidor.
PORTABILIDAD
¿PLAZOS MAYORES?
Rogelio Canches, presidente de la Comisión de Transporte, pidió regresar a sus fueros el proyecto que regula la portabilidad en telefonía fija, con miras a ampliar el plazo de entrada en vigencia de enero a agosto del 2014. La moción fue denegada.
Fuente: El Comercio
