Lima ha sido un hervidero de escándalos a lo largo de todo el 2012, algunos productos del azar, otros del descuido, y los más resaltantes, responsabilidad de las autoridades y un sector de la población que convive con la delincuencia y el vandalismo.
En un año marcado por los intentos de revocación, la ciudad tuvo que afrontar varios problemas neurálgicos relacionados con el orden y el transporte.
LA RESISTENCIA EN EL MERCADO DE LA PARADA
El suboficial de tercera de la Policía, Percy Huamancaja, todavía está en una habitación del Hospital Central de la Policía Nacional. Todavía debe quedar en el recuerdo de miles de personas el momento en que fue derribado de su caballo cuando intentaba dividir a un grupo de delincuentes. El agente fue recibido con golpes, patadas, palos e incluso piedras que los vándalos le lanzaron mientras yacía en el piso, incapaz de defenderse, ese 25 de octubre.
Violencia y caos son las únicas palabras que podrían resumir lo que ocurrió ese día. La PNP había decidido bloquear el ingreso de camiones y vehículos de carga al entonces mercado mayorista La Parada, cuando todavía había centenares de comerciantes que se negaban a trasladarse al nuevo local de Santa Anita. La alcaldesa Susana Villarán no estaba en el país por motivos familiares.
El caos llevó al desorden y, a pesar de que se logró bloquear el acceso de vehículos y, posteriormente, se declaró como zona rígida al ahora mercado minorista, la violencia escaló y dejó un precio muy alto: casi setenta policías heridos, decenas de detenidos, siete agentes destituidos y cuatro delincuentes muertos, así como saqueos en Gamarra por parte de inescrupulosos que, no satisfechos con agredir a las fuerzas del orden, aprovecharon el momento para huir del lugar con los brazos llenos de mercancía. “Yo no puedo comandar a la Policía para decirle ‘se realiza el operativo hoy’. Esa es una decisión del comando policial”, explicó luego Susana Villarán. Dos días después, el sábado 27, la Policía arremetió de nuevo y tomó el control del lugar por la fuerza, sin ninguna víctima, como debió ser desde el principio.
ALMACÉN DEL MINEDU EN LLAMAS
Otro jueves desafortunado para Lima, pero este caso ocurrió meses antes. La noche del 8 de marzo parecía que iba a ser una más, común y corriente, cuando en realidad estaba por convertirse en una que dejaría secuelas durante meses.
Las columnas de humo ya podían verse muy avanzada la noche. Desde las 10:00 p.m., las llamas habían comenzado a avivarse dentro del almacén de libros del Ministerio de Educación ubicado en el cruce de las avenidas Venezuela y Tingo María. La presencia de material inflamable por montones (S/.280 millones de pérdida en más de 500 mil libros y otros materiales didácticos) hizo que a la medianoche se pudiera hablar de un siniestro que había superado largamente a la capacidad de los bomberos.
Después de casi 24 horas recién se pudo hablar de un incendio controlado. Las inmediaciones de Breña y el Cercado de Lima tuvieron que convivir con el olor a quemado y la ceniza durante semanas y “la ministra Patricia Salas tuvo que explicar por qué no se había entregado todo ese material en los colegios. Nunca se pudo determinar la causa del siniestro. Lamentable.
PLAZA SAN MARTÍN DAÑADA
Las protestas contra el proyecto minero Conga tuvieron como gran protagonista a la región de Cajamarca, pero su influencia se extendió hasta Lima, cuando varios jóvenes dejaron pintas en el monumento central de la Plaza San Martín.
Las cámaras de televisión los grabaron cuando, aprovechándose de la ausencia de policías, dibujaron lemas contra el proyecto minero y contra el gobierno de Ollanta Humala, acto que recibió el rechazo de la población, incluso de aquellos quienes también participaron en la manifestación.
“Hemos dicho que no se puede permitir que eso ocurra, que hay que hacer pedagogía. Porque no puede ser que la gente, por indignación –porque es por indignación también- salga y haga esto, porque no es la manera, porque son espacios públicos”, dijo la regidora de Lima, Marisa Glave, quien también marchó contra el emprendimiento minero.
PASAJES DEL METROPOLITANO
Difícil creer que cincuenta céntimos podrían tener tanto peso. Quizá los concesionarios del Servicio Metropolitano pensaron eso cuando sometieron a votación, el 14 de noviembre, un nuevo plan tarifario que implicaba el cobro de S/.2 como tarifa plana para cualquier usuario que utilice los buses troncales, ya sea que hayan utilizado en su trayecto los alimentadores o no, a partir del 8 de diciembre pasado.
Con cinco votos a favor (cuatro operadores y el ente recaudador) y uno en contra (Pro Transporte), se aprobó la medida a través un Comité de Coordinación de Operaciones que no le permitió a la Municipalidad de Lima otra opción más que recurrir a medidas legales tras varias negociaciones infructuosas. Miles de usuarios del Metropolitano expresaron su rechazo, pero tienen que pagar diariamente el costo que todavía está vigente.
EL DESBORDE DEL RÍO HABLADOR
Noticia en desarrollo, podría llamarse, en el argot periodístico, a este caso que no solo ha sido un desborde del caudal del río Rímac, sino también de críticas y excusas, luego que colapsara un muro de contención en el proyecto Vía Parque Rímac.
La crecida del río en proporciones imprevisibles tanto para la Municipalidad de Lima como para la empresa encargada de la obra, Lamsac, comenzó a sentirse la noche del jueves 27 de diciembre, pero fue en las primeras horas del día siguiente que ocurrió el colapso. Según Villarán y los encargados del proyecto, entre enero y marzo la construcción sería suspendida por el aniego inevitable, pero este incidente se llevó material de construcción y causó alarma en los vecinos del distrito del Rímac. Felizmente, las labores ya habían sido suspendidas y las únicas pérdidas fueron materiales, ya que la empresa no retiró a tiempo su maquinaria.
En una respuesta al día siguiente del escándalo, el municipio capitalino aceptó parte de la responsabilidad, mientras que la brasileña Lamsac pidió disculpas y aseguró que reparará cualquier pérdida económica por tratarse de un emprendimiento privado. Hasta ahora se sigue investigando a quiénes alcanzan las verdaderas responsabilidades detrás del hecho, mientras que la Fiscalía y la Contraloría también siguen de cerca el caso.
