Pro Transporte no se opone al aumento de los pasajes en el sistema de El Metropolitano, pero considera que el alza de S/. 1.50 a S/. 2.00, es decir 33 por ciento, es demasiado. Así lo afirmó hoy el gerente general de la entidad, Juan Carlos Paz.
El caso sería llevado a un tribunal arbitrario de no resolverse el conflicto entre la Municipalidad y concesionarios, adelantaron estos últimos.
Según indicó, en la reunión de hoy entre el presidente de Pro Transporte, Juan Tapia Grillo, y el representante de las empresas concesionarias del Metropolitano, José Díaz León, se prevé hacer todos los esfuerzos por evitar el alza de las tarifas.
UNA TAREA DIFÍCIL
Sobre el reclamo de los operadores de por qué no se han retirado a todos los buses que realizan el mismo recorrido de El Metropolitano, Paz recordó que en una primera ordenanza del 2004 se señalaba que la municipalidad procuraría una racionalización de las rutas a 400 metros de distancia de la troncal del Metropolitano.
Una segunda ordenanza del 2011, añadió, estableció que se retirarían las líneas que coincidieran en más del 20 por ciento del recorrido del servicio de transporte integrado.
El funcionario admitió, según informó Andina, que el retiro de los buses y combis en competencia es una tarea difícil y que en su momento la Gerencia de Transporte Urbano aplicó la medida en la avenida Túpac Amaru, pero los transportistas plantearon un reclamo ante el Indecopi.
CONCESIONARIOS CRITICAN A LA MUNICIPALIDAD
José Luis Díaz León, representante de los concesionarios de El Metropolitano, lamentó que “un tema técnico (incremento de pasajes) se haya politizado”.
Explicó que el alza se implementará, pues “los costos de operación no son cubiertos por los ingresos que generan los costos de los pasajes”. En ese sentido, mencionó que el consorcio metropolitano es el único que puede determinar el ajuste de las tarifas de los pasajes y que “hay una carencia de cuadros técnicos calificados para atender a El Metropolitano en la Municipalidad de Lima”.
De continuar la problemática, aseveró que ambas partes deberán recurrir a un tribunal arbitrario que sería la Cámara de Comercio de Lima.
Fuente: El Comercio
