El 20 de octubre del 2009, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) contrató lo servicios de la empresa israelí Global CST para el entrenamiento de las unidades especiales contraterroristas del Vraem.

Los reportes de la Contraloría General de la República indicaron que la empresa israelí no cumplió con el contrato pactado.

En septiembre de ese año, incluso antes que se firmara el acuerdo comercial, una serie de reportajes de investigación de La República llamaron la atención sobre presuntas irregularidades en el acuerdo comercial que se suscribió y ejecutó en la más estricta reserva.

Más de tres años después, la Contraloría General de la República denunció ante el Ministerio Público lo siguiente: a) Se falsificó una resolución del CCFFAA para aprobar el contrato; b) No se presentaron estudios técnicos que sustentaran la contratación de la compañía extranjera; c) El CCFFAA suscribió el acuerdo con Global CST sin que la empresa presentara la obligatoria garantía económica; d) El propio jefe del CCFFAA inscribió a Gllobal CST en el Registro Nacional de Proveedores, tarea que no le competía; e) El CCFFAA asumió el pago del IGV y del Impuesto a la Renta que le correspondía a la empresa israelí; f) Los servicios prestados fueron ineficientes y no cumplieron con los objetivos a los que se obligó.

La República ahora revela el contenido del contrato y de las dos modificaciones que se hicieron para ampliar los servicios de Global CST que, según expertos consultados, no resultaron significativos para las fuerzas especiales del Vraem.

Según la Contraloría, se desembolsaron casi 40 millones de soles en beneficio de Global CST y en desmedro del Estado.

Ahora falta identificar a los “lobistas” que tuvo la empresa israelí en el gobierno de Alan García y que consiguieron la millonaria contratación directa, a dedo, sin licitación, y en el más completo secreto.