“En América Latina harán falta dos generaciones para alcanzar el nivel de bienestar de los países más desarrollados de la OCDE, contando con que el crecimiento económico se mantenga en los mismos niveles”, sostienen los autores del informe ‘Cambiando el ritmo para acelerar la prosperidad compartida en América Latina y el Caribe’ que el Banco Mundial presentó recintemente.

América Latina puede alcanzar en 40 años el mismo bienestar que tenían los países más ricos en el año 2000, según un informe del Banco Mundial.

La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) es conocida como “club de los países ricos”: agrupa a 34 estados que proporcionan al mundo un 70% del mercado internacional y representaban el 80% del PNB mundial en 2007.

El Banco Mundial incluso da la fecha exacta de cuándo un latinoamericano promedio tendrá los mismos estándares de vida que un ciudadano de un país desarrollado tuvo en 2000: el año 2052. Pero advierte que si los Gobiernos de la región no tratan debidamente los desequilibrios sociales –problema que la organización califica como el principal obstáculo para la prosperidad completa del continente– la fecha podría demorarse 10 años más, de 2052 a 2062.

El Banco Mundial destaca la desigualdad social no solo entre diferentes grupos de población dentro de un país, sino también las diferencias enormes entre los niveles de vida en distintos países de la zona. Acentúa que en 2011, por primera vez en la historia de América Latina, la clase media superó a la población que vive por debajo del umbral de la pobreza, pero que de los 80 millones de habitantes de la región que siguen viviendo en situación de extrema pobreza, la mitad se concentra en Brasil y México.

Los expertos insisten en que todos los países de Latinoamérica deben adoptar una “nueva generación de reformas” para combatir la desigualdad. Sin embargo, da solo unas recomendaciones muy generales: introducir una “política fiscal sostenible”, fortalecer la transparencia de las instituciones públicas, mejorar la calidad de la educación pública y del sistema sanitario, promover medidas para conseguir un mercado laboral regulado, adaptar la economía a los desafíos del cambio climático y garantizar a cualquier ciudadano el acceso al agua potable y la electricidad.